Publicamos un interesante artículo que nos hizo llegar el Dr. Zarucki, que desnuda los abusos cometidos por las terminales porteñas, principal puerta de ingreso de las importaciones argentinas.
¡Muchas gracias Daniel por tu compartir tus valiosas reflexiones!
Hace poco tiempo, con fecha 29 de Septiembre, el Centro Despachantes de Aduana elevó un pedimento al Administrador General de Puertos exhortando, con fundamento en el Código Civil y el Código Aduanero, que ante la próxima concesión de las terminales portuarias , se contemple en los Pliegos de Condiciones Generales de la Concesión, la obligación por parte del CDT de efectuar la expedición dentro de los cinco días hábiles a partir de la descarga de la mercadería, a menos que el consignatario decida lo contrario.
En la actualidad, las terminales portuarias invocan el art. 38, séptimo párrafo del PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES (PCG) de la Licitación Nro. 6/93-MEYOSP, que establece: “Para el caso de las importaciones, el CDT estará obligado a efectuar la expedición dentro de los cinco días corridos a partir de la descarga de las mercadería, a menos que el consignatario decida lo contrario”.
Esta situación acarrea perjuicios a los importadores (incluidos los argentinos que retornan del exterior con contenedores con equipaje no acompañado) y a los despachantes de aduanas, estos últimos, sometidos a las presiones de los primeros por obtener el libramiento de las mercaderías dentro de los plazos citados y cuya frustración en el objetivo, puede representar la diferencia entre seguir trabajando o no con determinada empresa.
Si bien la misiva es valiosa, la argumentación esgrimida coloca a nuestro sector en una situación de debilidad.
Cabe recordar, que la actual Comisión Directiva ya realizó en el año 2011 un reclamo, respondido por el entonces Interventor de la Administración General de Puertos y en esa ocasión, el eje argumental radicaba en el art. 279 del Código Aduanero y el art. 28 del Decreto Nº 2284/91, además de la referencia genérica a los plazos menores a treinta días conforme el Código Civil y el Aduanero.
La respuesta del entonces Interventor Ing. OSCAR H. VECSLIR, se baso en el art. 38, séptimo párrafo del PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES (PCG) de la Licitación Nro. 6/93-MEYOSP, manifestando que “… que los importantes cambios registrados en la operativa portuaria desde el concesionamiento de las terminales han modificado sustancialmente desde 1996 el tratamiento de las cargas en relación a figuras aduaneras como “forzoso” o “último bulto descargado”. Entre éstos es importante destacar que el 95% de las cargas que arriban a nuestro puerto lo hacen en contenedores y las diferencias entre la fecha de arribo del buque transportador y la de descarga de la mercadería es virtualmente coincidente dado el escaso plazo de estadía de los mismos en puerto, que en promedio fluctúa entre las 26 y 30 horas.”
Ante tal respuesta, la pregunta sería ¿cuáles son los cambios registrados en la operativa portuaria que justifican la desobediencia y/o desconocimiento de normas vigentes del Código Aduanero y normas complementarias?
La Institución formuló también reclamos a las Terminales, basta mencionar el pedimento hecho a la Terminal 4, con fecha 17/03/14 donde se pone de manifiesto en dicha nota: “ Dificultades al proceder a la solicitud de turnos operativos a través de la página web de vuestra firma y asignación de los turnos para los últimos días del vencimiento del forzoso o incluso fuera de éste, debido que poseen prioridad los usuarios que operan con un gran caudal de contenedores.”.
Mi postura, conforme lo señala el titulo, es que la actitud de las terminales portuarias, es de desobediencia a las normas vigentes y anteriores al Pliego de Condiciones Generales, posibilitada por la omisión, ignorancia y desidia de los funcionarios públicos que debían en ese momento (y deben) velar por el adecuado control en estos supuestos. Asimismo, considero que los reclamos efectuados no debieron estar limitados a la esfera de la Administración General de Puertos y las Terminales “stricto sensu”, sino que debieron efectuarse también a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la Dirección General de Aduanas, con sustento en lo normado en el art. 121 del Código Aduanero y concordantes y normas complementarias y especificas como se detallará Normas añejas, pero vigentes
En el año 1991, se dictó la Resolución ANA (Ex Administración Nacional de Aduanas) 2439 que aun se encuentra vigente y cuyo art 1 del ANEXO I fue modificado por la Resolución ANA 2535/92 aun vigente, cuyo texto prescribe : “1) Todas las mercaderías podrán despacharse directamente a plaza sin el previo ingreso a depósito cuando fueran destinadas aduaneramente en importación para consumo o temporaria, con una anterioridad mínima de dos (2) días al arribo del medio transportador y máxima de cinco (5) días. La destinación como directo a plaza podrá también presentarse hasta el vencimiento de los plazos establecidos en los puntos 10 y 14 de este Anexo, bajo la responsabilidad del importador para el caso de que la mercadería ingrese a depósito antes de la finalización del trámite del Despacho”.
Es decir que la primera de las normas, establece el derecho del importador de solicitar por escrito el retiro en el modo aludido y la obligación de los armadores y/o agentes de carga y por supuesto de las terminales portuarias, de concederle lo solicitado, conforme se desprende de la lectura del capítulo “DESCARGA Vía Acuática” cuyo texto se transcribe:
“10 – Durante el plazo de cinco (5) días contados a partir del siguiente de iniciada la descarga del medio transportador, podrá procederse al despacho directo a plaza de las mercaderías.
11 – A fin de poder efectuar el retiro de la mercadería dentro del plazo indicado en el punto 10) precedente, el importador deberá comunicar al transportista con suficiente antelación al arribo del medio transportador la intención del despacho directo a plaza. En este caso y durante dicho plazo, el depositario admitirá el retiro de las mercaderías bajo las mismas condiciones aplicables al retiro efectuado directamente desde el medio transportador”.
Cabe destacar respecto al último párrafo mencionado, que en su inmensa mayoría, los agentes de transporte aduanero han dejado de observar la exigencia de este requisito, otrora denominado “carta de forzoso”, por motivos nunca aclarados por las entidades que agrupan al sector. Y luego menciona: “12 – Vencido el plazo indicado en el punto 10) precedente las mercaderías que no hubieren sido entregadas por el servicio aduanero en calidad de directo a plaza, deberán ser ingresadas por el transportista bajo su responsabilidad a todos los efectos a un depósito habilitado aduaneramente en zona primaria o secundaria aduanera, perdiendo el importador el derecho a retirarla en condición de directo a plaza, permitiéndose no obstante su posterior retiro al amparo del Despacho de Importación autorizado. El transportista quedará eximido de la responsabilidad señalada si al vencimiento del plazo y antes de ingresar la mercadería a depósito demostrare fehacientemente que ha cumplido la entrega al consignatario en las condiciones pactadas en el contrato de transporte, en cuyo caso habrá de ingresar igualmente la mercadería a depósito por cuenta, orden y responsabilidad de quien tuviere derecho a disponer de la mercadería”.
Como puede apreciarse, las normas en estudio, son anteriores (y actuales) a la vigencia del art. 38, séptimo párrafo del PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES (PCG) de la Licitación Nro. 6/93-MEYOSP, por lo que tal vez deba darse pábulo a la tesis abonada por el Centro Despachantes de Aduana respecto de un posible error en la confección del citado Pliego. Pero aún cuando se admitiera dicha posibilidad, es preciso recordar que en el año 2001, se emitió la Instrucción General Nº 46 con fecha 26 de Diciembre, la que establece lo siguiente: “Visto la Resolución (ANA) Nº 2439 de fecha 19 de diciembre de 1991, su modificatoria Resolución (ANA) Nº 2535 de fecha 10 de diciembre de 1992 y considerando que de acuerdo con el artículo 1007 del Código Aduanero que determina que salvo disposición en contrario, se computarán por días hábiles administrativos los plazos que no excedieren de TREINTA (30) días, se instruye que el plazo de CINCO (5) días establecido en el Anexo I del artículo 1º (Descarga Vía Acuática) de la citada Resolución, se computará en días hábiles.” (el subrayado me pertenece).
Dicha norma fue publicada en el boletín de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS por el Ing. César A. Albrisi, el entonces Director General de Aduanas, por lo que mal podría invocarse su desconocimiento por parte de las Terminales Portuarias, a tenor de lo prescripto en el art. 20 del Código Civil y el art. 902 ap. 2 del Código Aduanero.
Como refuerzo a esta postura que sostengo, es preciso citar lo expresado en el Dictamen 1174/02 del Departamento Asesoramiento Legal de la Dirección General de Aduanas el cual respondió al planteo de un despachante de aduana por la diferencia de tratamiento entre dos terminales portuarias acerca del computo del plazo del régimen de despacho directo a plaza, señalando dicho acto administrativo que “ el plazo para el despacho directo a plaza de las mercaderías establecido en la Resolución ANA 2439/91, este área se expidió en el Dictamen DV RTAG 1168/01, concluyendo que como la norma aludida no estableció una disposición en contrario, correspondería considerar el plazo fijado como días hábiles, conforme lo normado en el artículo 1007 del Código Aduanero” En el mismo sentido, el referido acto prosigue: “…la Resolución ANA 722/96 que reglamenta la actividad de dichos auxiliares expresa en el punto F- Transgresiones- 1 del Anexo I, que el incumplimiento por las terminales de las obligaciones establecidas en el conjunto de las normas aduaneras que reglamentan su funcionamiento, determinará la aplicación de las sanciones allí contempladas (en consonancia con lo normado en el artículo 110 del Código Aduanero)” concluyendo el referido dictamen que “de acreditarse fehacientemente los hechos mencionados por el presentante en estos actuados, podría acarrear la eventual responsabilidad de las permisionarias que incurrieron en ellos, (previa vista para que efectúen su defensa) ya que la conducta reprochable estaría constituida por el desconocer la normativa aludida, con independencia de las acciones que en el ámbito judicial interpongan los usuarios contra dichas terminales“.
Cabe destacar que a la manda invocada en el dictamen, la complementa la Disposición 186/10 que delega en los Subdirectores Generales de Operaciones Aduaneras Metropolitanas y del Interior, la facultad de habilitar, suspender y cancelar habilitaciones de depósitos fiscales y terminales portuarias. Aun para el caso que pudiera invocarse algún defecto o inconsistencia respecto de la aplicación de las normas en trato, es preciso destacar que el art 121 del Código Aduanero establece que “en la zona primaria aduanera el ingreso, permanencia, circulación y salida de personas y de mercadería deben efectuarse con la previa autorización y bajo la supervisión del servicio aduanero, el cual determinará los lugares, las horas y los demás requisitos correspondientes.” Y que el apartado 2 prescribe que “La autorización y supervisión aduaneras también serán necesarias en esta zona para efectuar trabajos de cualquier índole en o con la mercadería, desde su simple manipuleo hasta su transformación.”
En consecuencia, de la interpretación del citado artículo con la normativa citada “ut supra”, surge que las Terminales portuarias deben ceñirse a la previa autorización y supervisión del servicio aduanero en lo referente al otorgamiento de los turnos de verificación de la mercadería y del retiro de los contenedores. Ante estos antecedentes, cabe preguntarse cuál es la responsabilidad de la Administración General de Puertos, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Dirección General de Aduanas en el ejercicio de sus roles de control, teniendo en cuenta que poseen regímenes sancionatorios vigentes que castigan el incumplimiento.
Esta contumaz desobediencia de las terminales portuarias, no existiría, si los funcionarios públicos competentes efectuaran los controles previstos por la normativa. Así las cosas, la realidad indica que los turnos de los “forzosos” y de la verificación no se otorgan con la fluidez debida, por lo que cabe preguntarse quién se animara a “ponerle el cascabel al gato” para terminar con estas situaciones de inequidad que generan costos extras en un comercio exterior cada vez más escaso y del que solo se benefician algunos privilegiados.
*Abogado (UBA) // Despachante de Aduana // Docente en Fundación ICBC
Fuentes consultadas:
http://www.Tarifar.com
http://www.pcram.net/post.php?mid=22487
http://www.cda.org.ar/index.php/noticias/destacadas/18084-gestiones-cda-condiciones-generales-de-concesion-de-las-terminales-portuariashttp://www.cda.org.ar/index.php/gestiones-movil/9897-respuesta-de-agp-se-asignacion-de-turnos-operativos-de-parte-de-terminales-portuarias
¡Muchas gracias Daniel por tu compartir tus valiosas reflexiones!
Terminales portuarias de Buenos Aires: una crónica desobediencia a las normas
por Daniel Zarucki*
Hace poco tiempo, con fecha 29 de Septiembre, el Centro Despachantes de Aduana elevó un pedimento al Administrador General de Puertos exhortando, con fundamento en el Código Civil y el Código Aduanero, que ante la próxima concesión de las terminales portuarias , se contemple en los Pliegos de Condiciones Generales de la Concesión, la obligación por parte del CDT de efectuar la expedición dentro de los cinco días hábiles a partir de la descarga de la mercadería, a menos que el consignatario decida lo contrario.
En la actualidad, las terminales portuarias invocan el art. 38, séptimo párrafo del PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES (PCG) de la Licitación Nro. 6/93-MEYOSP, que establece: “Para el caso de las importaciones, el CDT estará obligado a efectuar la expedición dentro de los cinco días corridos a partir de la descarga de las mercadería, a menos que el consignatario decida lo contrario”.
Esta situación acarrea perjuicios a los importadores (incluidos los argentinos que retornan del exterior con contenedores con equipaje no acompañado) y a los despachantes de aduanas, estos últimos, sometidos a las presiones de los primeros por obtener el libramiento de las mercaderías dentro de los plazos citados y cuya frustración en el objetivo, puede representar la diferencia entre seguir trabajando o no con determinada empresa.
Si bien la misiva es valiosa, la argumentación esgrimida coloca a nuestro sector en una situación de debilidad.
Cabe recordar, que la actual Comisión Directiva ya realizó en el año 2011 un reclamo, respondido por el entonces Interventor de la Administración General de Puertos y en esa ocasión, el eje argumental radicaba en el art. 279 del Código Aduanero y el art. 28 del Decreto Nº 2284/91, además de la referencia genérica a los plazos menores a treinta días conforme el Código Civil y el Aduanero.
La respuesta del entonces Interventor Ing. OSCAR H. VECSLIR, se baso en el art. 38, séptimo párrafo del PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES (PCG) de la Licitación Nro. 6/93-MEYOSP, manifestando que “… que los importantes cambios registrados en la operativa portuaria desde el concesionamiento de las terminales han modificado sustancialmente desde 1996 el tratamiento de las cargas en relación a figuras aduaneras como “forzoso” o “último bulto descargado”. Entre éstos es importante destacar que el 95% de las cargas que arriban a nuestro puerto lo hacen en contenedores y las diferencias entre la fecha de arribo del buque transportador y la de descarga de la mercadería es virtualmente coincidente dado el escaso plazo de estadía de los mismos en puerto, que en promedio fluctúa entre las 26 y 30 horas.”
Ante tal respuesta, la pregunta sería ¿cuáles son los cambios registrados en la operativa portuaria que justifican la desobediencia y/o desconocimiento de normas vigentes del Código Aduanero y normas complementarias?
La Institución formuló también reclamos a las Terminales, basta mencionar el pedimento hecho a la Terminal 4, con fecha 17/03/14 donde se pone de manifiesto en dicha nota: “ Dificultades al proceder a la solicitud de turnos operativos a través de la página web de vuestra firma y asignación de los turnos para los últimos días del vencimiento del forzoso o incluso fuera de éste, debido que poseen prioridad los usuarios que operan con un gran caudal de contenedores.”.
Mi postura, conforme lo señala el titulo, es que la actitud de las terminales portuarias, es de desobediencia a las normas vigentes y anteriores al Pliego de Condiciones Generales, posibilitada por la omisión, ignorancia y desidia de los funcionarios públicos que debían en ese momento (y deben) velar por el adecuado control en estos supuestos. Asimismo, considero que los reclamos efectuados no debieron estar limitados a la esfera de la Administración General de Puertos y las Terminales “stricto sensu”, sino que debieron efectuarse también a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la Dirección General de Aduanas, con sustento en lo normado en el art. 121 del Código Aduanero y concordantes y normas complementarias y especificas como se detallará Normas añejas, pero vigentes
En el año 1991, se dictó la Resolución ANA (Ex Administración Nacional de Aduanas) 2439 que aun se encuentra vigente y cuyo art 1 del ANEXO I fue modificado por la Resolución ANA 2535/92 aun vigente, cuyo texto prescribe : “1) Todas las mercaderías podrán despacharse directamente a plaza sin el previo ingreso a depósito cuando fueran destinadas aduaneramente en importación para consumo o temporaria, con una anterioridad mínima de dos (2) días al arribo del medio transportador y máxima de cinco (5) días. La destinación como directo a plaza podrá también presentarse hasta el vencimiento de los plazos establecidos en los puntos 10 y 14 de este Anexo, bajo la responsabilidad del importador para el caso de que la mercadería ingrese a depósito antes de la finalización del trámite del Despacho”.
Es decir que la primera de las normas, establece el derecho del importador de solicitar por escrito el retiro en el modo aludido y la obligación de los armadores y/o agentes de carga y por supuesto de las terminales portuarias, de concederle lo solicitado, conforme se desprende de la lectura del capítulo “DESCARGA Vía Acuática” cuyo texto se transcribe:
“10 – Durante el plazo de cinco (5) días contados a partir del siguiente de iniciada la descarga del medio transportador, podrá procederse al despacho directo a plaza de las mercaderías.
11 – A fin de poder efectuar el retiro de la mercadería dentro del plazo indicado en el punto 10) precedente, el importador deberá comunicar al transportista con suficiente antelación al arribo del medio transportador la intención del despacho directo a plaza. En este caso y durante dicho plazo, el depositario admitirá el retiro de las mercaderías bajo las mismas condiciones aplicables al retiro efectuado directamente desde el medio transportador”.
Cabe destacar respecto al último párrafo mencionado, que en su inmensa mayoría, los agentes de transporte aduanero han dejado de observar la exigencia de este requisito, otrora denominado “carta de forzoso”, por motivos nunca aclarados por las entidades que agrupan al sector. Y luego menciona: “12 – Vencido el plazo indicado en el punto 10) precedente las mercaderías que no hubieren sido entregadas por el servicio aduanero en calidad de directo a plaza, deberán ser ingresadas por el transportista bajo su responsabilidad a todos los efectos a un depósito habilitado aduaneramente en zona primaria o secundaria aduanera, perdiendo el importador el derecho a retirarla en condición de directo a plaza, permitiéndose no obstante su posterior retiro al amparo del Despacho de Importación autorizado. El transportista quedará eximido de la responsabilidad señalada si al vencimiento del plazo y antes de ingresar la mercadería a depósito demostrare fehacientemente que ha cumplido la entrega al consignatario en las condiciones pactadas en el contrato de transporte, en cuyo caso habrá de ingresar igualmente la mercadería a depósito por cuenta, orden y responsabilidad de quien tuviere derecho a disponer de la mercadería”.
Como puede apreciarse, las normas en estudio, son anteriores (y actuales) a la vigencia del art. 38, séptimo párrafo del PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES (PCG) de la Licitación Nro. 6/93-MEYOSP, por lo que tal vez deba darse pábulo a la tesis abonada por el Centro Despachantes de Aduana respecto de un posible error en la confección del citado Pliego. Pero aún cuando se admitiera dicha posibilidad, es preciso recordar que en el año 2001, se emitió la Instrucción General Nº 46 con fecha 26 de Diciembre, la que establece lo siguiente: “Visto la Resolución (ANA) Nº 2439 de fecha 19 de diciembre de 1991, su modificatoria Resolución (ANA) Nº 2535 de fecha 10 de diciembre de 1992 y considerando que de acuerdo con el artículo 1007 del Código Aduanero que determina que salvo disposición en contrario, se computarán por días hábiles administrativos los plazos que no excedieren de TREINTA (30) días, se instruye que el plazo de CINCO (5) días establecido en el Anexo I del artículo 1º (Descarga Vía Acuática) de la citada Resolución, se computará en días hábiles.” (el subrayado me pertenece).
Dicha norma fue publicada en el boletín de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS por el Ing. César A. Albrisi, el entonces Director General de Aduanas, por lo que mal podría invocarse su desconocimiento por parte de las Terminales Portuarias, a tenor de lo prescripto en el art. 20 del Código Civil y el art. 902 ap. 2 del Código Aduanero.
Como refuerzo a esta postura que sostengo, es preciso citar lo expresado en el Dictamen 1174/02 del Departamento Asesoramiento Legal de la Dirección General de Aduanas el cual respondió al planteo de un despachante de aduana por la diferencia de tratamiento entre dos terminales portuarias acerca del computo del plazo del régimen de despacho directo a plaza, señalando dicho acto administrativo que “ el plazo para el despacho directo a plaza de las mercaderías establecido en la Resolución ANA 2439/91, este área se expidió en el Dictamen DV RTAG 1168/01, concluyendo que como la norma aludida no estableció una disposición en contrario, correspondería considerar el plazo fijado como días hábiles, conforme lo normado en el artículo 1007 del Código Aduanero” En el mismo sentido, el referido acto prosigue: “…la Resolución ANA 722/96 que reglamenta la actividad de dichos auxiliares expresa en el punto F- Transgresiones- 1 del Anexo I, que el incumplimiento por las terminales de las obligaciones establecidas en el conjunto de las normas aduaneras que reglamentan su funcionamiento, determinará la aplicación de las sanciones allí contempladas (en consonancia con lo normado en el artículo 110 del Código Aduanero)” concluyendo el referido dictamen que “de acreditarse fehacientemente los hechos mencionados por el presentante en estos actuados, podría acarrear la eventual responsabilidad de las permisionarias que incurrieron en ellos, (previa vista para que efectúen su defensa) ya que la conducta reprochable estaría constituida por el desconocer la normativa aludida, con independencia de las acciones que en el ámbito judicial interpongan los usuarios contra dichas terminales“.
Cabe destacar que a la manda invocada en el dictamen, la complementa la Disposición 186/10 que delega en los Subdirectores Generales de Operaciones Aduaneras Metropolitanas y del Interior, la facultad de habilitar, suspender y cancelar habilitaciones de depósitos fiscales y terminales portuarias. Aun para el caso que pudiera invocarse algún defecto o inconsistencia respecto de la aplicación de las normas en trato, es preciso destacar que el art 121 del Código Aduanero establece que “en la zona primaria aduanera el ingreso, permanencia, circulación y salida de personas y de mercadería deben efectuarse con la previa autorización y bajo la supervisión del servicio aduanero, el cual determinará los lugares, las horas y los demás requisitos correspondientes.” Y que el apartado 2 prescribe que “La autorización y supervisión aduaneras también serán necesarias en esta zona para efectuar trabajos de cualquier índole en o con la mercadería, desde su simple manipuleo hasta su transformación.”
En consecuencia, de la interpretación del citado artículo con la normativa citada “ut supra”, surge que las Terminales portuarias deben ceñirse a la previa autorización y supervisión del servicio aduanero en lo referente al otorgamiento de los turnos de verificación de la mercadería y del retiro de los contenedores. Ante estos antecedentes, cabe preguntarse cuál es la responsabilidad de la Administración General de Puertos, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Dirección General de Aduanas en el ejercicio de sus roles de control, teniendo en cuenta que poseen regímenes sancionatorios vigentes que castigan el incumplimiento.
Esta contumaz desobediencia de las terminales portuarias, no existiría, si los funcionarios públicos competentes efectuaran los controles previstos por la normativa. Así las cosas, la realidad indica que los turnos de los “forzosos” y de la verificación no se otorgan con la fluidez debida, por lo que cabe preguntarse quién se animara a “ponerle el cascabel al gato” para terminar con estas situaciones de inequidad que generan costos extras en un comercio exterior cada vez más escaso y del que solo se benefician algunos privilegiados.
*Abogado (UBA) // Despachante de Aduana // Docente en Fundación ICBC
Fuentes consultadas:
http://www.Tarifar.com
http://www.pcram.net/post.php?mid=22487
http://www.cda.org.ar/index.php/noticias/destacadas/18084-gestiones-cda-condiciones-generales-de-concesion-de-las-terminales-portuariashttp://www.cda.org.ar/index.php/gestiones-movil/9897-respuesta-de-agp-se-asignacion-de-turnos-operativos-de-parte-de-terminales-portuarias
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