por NICOLÁS CASSANELLO
La relevancia de ciertos acontecimientos o situaciones merecen la atención del legislador, que procura regularlas con el objeto de asegurar una determinada finalidad de bien común, de manera directa o indirecta.
El derecho aduanero, en cuanto sistema ordenado de normas jurídicas que regulan la importación o exportación de mercaderías, no escapa a aquella premisa teleológica. De esta manera, la tutela de la renta aduanera o la aplicación de prohibiciones económicas o no económicas se erigen como medios para satisfacer aquel bien común para la sociedad.
Como veremos a continuación, la operatoria de contenedores en el Puerto de Santa Fe requiere de una autorización del servicio aduanero, en donde resulta necesario conciliar una -aparente- tensión entre diversos intereses públicos.
Cabe mencionar que actualmente la operatoria fluvial de contenedores se ve impedida porque el espacio portuario previsto para tal fin carece de autorización aduanera. La habilitación tenía vigencia hasta el 20 de diciembre, fecha en que finalizaba el contrato de concesión de LOGINTER S.A. Esta empresa había tenido a su cargo la explotación de la terminal de contenedores y cargas generales durante los últimos diez años.
Unos meses antes, en agosto de agosto de 2016 el Ente Administrador Puerto de Santa Fe (EAPSF) había realizado un llamado a Licitación Pública con el objeto de ofrecer la concesión del predio por un nuevo periodo de diez años.
Lamentablemente, el procedimiento concluyó el pasado 2/12/2016 sin recibir oferentes.
Una vez vencido el contrato con Loginter, el 26/12/2016 la plazoleta fue entregada “a plan barrido” al Ente Portuario y al Servicio Aduanero.
LA REGLAMENTACIÓN ADUANERA.
La Resolución General 3871 de la AFIP reglamenta la habilitación y funcionamiento de Depósitos Fiscales, Plazoletas y demás espacios que deban ser habilitados como Zona Primaria Aduanera.
Tomando en cuenta este marco normativo, a inicios de 2017 el EAPSF presentó ante la Aduana una CARTA DE INTENCIÓN en la que solicitó la habilitación de la plazoleta como Zona Primaria Aduanera, con el objeto de brindar en forma directa los servicios de carga y descarga de contenedores.
Cabe recordar que el Ente Portuario ya cuenta con parte de sus instalaciones (terminal de agrograneles) habilitadas como Zona Primaria Aduanera (ver Resolución General AFIP 3481). También es oportuno señalar que, antes de ser concesionado el predio a LOGINTER, la Resolución General AFIP 2291 autorizaba al EAPSF a explotar la terminal de contenedores como Zona Primaria.
La Resolución General antes mencionada, contempla en el punto 18 de su Anexo III que el predio debe contar con un escáner que posibilite el control no intrusivo de la carga. Más adelante, el Anexo X describe las especificaciones técnicas que deben cumplir estos equipos.
El Ente Portuario Santafesino ha solicitado se lo excluya del cumplimiento de este punto, tomando en consideración su caracterización como persona de derecho público no estatal. Esta exclusión es viable, y puede ser resuelta favorablemente en virtud de lo normado por el artículo 7.c) de la RG, que faculta a la Dirección General de Aduanas a "resolver (...) las excepciones planteadas por los administrados".
Recientemente funcionarios del EAPSF y de la ciudad de Santa Fe mantuvieron una reunión con Jorge Jiménez Kockar, subdirector general de Operaciones Aduaneras del Interior con el objeto de avanzar con estas gestiones.
De acuerdo a este parte de prensa, el funcionario aduanero " se comprometió a dar por finalizada a la brevedad la baja de la autorización que poseía la firma Loginter sobre el predio, como paso previo a que se logre una nueva autorización.
Las autoridades locales se volverán a reunir con los equipos técnicos de aduana para establecer el plan de inversiones en sistemas de seguridad y videovigilancia que resulten necesarios para garantizar el debido control que debe existir en todo depósito fiscal, inversiones que el propio Ente portuario está en condiciones de asumir."
CONFLUENCIA DE INTERESES PÚBLICOS.
La habilitación de la plazoleta fiscal necesita resolver una supuesta colisión entre distintos intereses públicos.
Por un lado, el servicio aduanero establece pautas para reducir al máximo el riesgo aduanero, y optimizar la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y la evasión fiscal.
Por el otro, la reactivación de la terminal de contenedores tiene un destacado impacto social y económico que se inicia en la ciudad de Santa Fe y se irradia al centro norte del país. No se trata de evaluar solamente los puestos de trabajo que directa o indirectamente genera la actividad portuaria. También hablamos de los ahorros que provoca a los productores en concepto de fletes, la reducción de tráfico y siniestralidad en rutas, el menor impacto ambiental del tráfico fluvial y mayor seguridad de la carga, entre otros puntos.
Además, la autoridad aduanera debe ponderar algunas particularidades que presenta la operatoria en la estación fluvial:
Dijo allí la Aduana que "a fin de dar continuidad a las operaciones de comercio exterior en la región, resulta procedente autorizar las operaciones aduaneras que se desarrollen en el citado lugar operativo".
Las gestiones llevadas a cabo por la Autoridad Portuaria requieren el apoyo de toda la comunidad santafesina, del sector empresario y de las autoridades públicas de todo el arco político municipal y provincial. Y también nacional, considerando que el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Transportes apuestan fuertemente al desarrollo de las economías regionales, tal como lo demuestra la decisión de construir un nuevo puerto en Ita Ibaté, en la provincia de Corrientes.
Hablamos de protagonizar un impacto social palpable, de impulsar una mejora en la conectividad y competitividad paras las empresas del interior. No se trata de invocar una nostalgia arrabalera o retórica localista.
El puerto en marcha es un bloque más, que nos acerca al proyecto de país que anhelamos y tratamos de construir día a día entre todos.
Confiamos en que esta finalidad de bien común sea pronto acogida por aduana.
La relevancia de ciertos acontecimientos o situaciones merecen la atención del legislador, que procura regularlas con el objeto de asegurar una determinada finalidad de bien común, de manera directa o indirecta.
El derecho aduanero, en cuanto sistema ordenado de normas jurídicas que regulan la importación o exportación de mercaderías, no escapa a aquella premisa teleológica. De esta manera, la tutela de la renta aduanera o la aplicación de prohibiciones económicas o no económicas se erigen como medios para satisfacer aquel bien común para la sociedad.
Como veremos a continuación, la operatoria de contenedores en el Puerto de Santa Fe requiere de una autorización del servicio aduanero, en donde resulta necesario conciliar una -aparente- tensión entre diversos intereses públicos.
Cabe mencionar que actualmente la operatoria fluvial de contenedores se ve impedida porque el espacio portuario previsto para tal fin carece de autorización aduanera. La habilitación tenía vigencia hasta el 20 de diciembre, fecha en que finalizaba el contrato de concesión de LOGINTER S.A. Esta empresa había tenido a su cargo la explotación de la terminal de contenedores y cargas generales durante los últimos diez años.
Unos meses antes, en agosto de agosto de 2016 el Ente Administrador Puerto de Santa Fe (EAPSF) había realizado un llamado a Licitación Pública con el objeto de ofrecer la concesión del predio por un nuevo periodo de diez años.
Lamentablemente, el procedimiento concluyó el pasado 2/12/2016 sin recibir oferentes.
Una vez vencido el contrato con Loginter, el 26/12/2016 la plazoleta fue entregada “a plan barrido” al Ente Portuario y al Servicio Aduanero.
LA REGLAMENTACIÓN ADUANERA.
La Resolución General 3871 de la AFIP reglamenta la habilitación y funcionamiento de Depósitos Fiscales, Plazoletas y demás espacios que deban ser habilitados como Zona Primaria Aduanera.
Tomando en cuenta este marco normativo, a inicios de 2017 el EAPSF presentó ante la Aduana una CARTA DE INTENCIÓN en la que solicitó la habilitación de la plazoleta como Zona Primaria Aduanera, con el objeto de brindar en forma directa los servicios de carga y descarga de contenedores.
Cabe recordar que el Ente Portuario ya cuenta con parte de sus instalaciones (terminal de agrograneles) habilitadas como Zona Primaria Aduanera (ver Resolución General AFIP 3481). También es oportuno señalar que, antes de ser concesionado el predio a LOGINTER, la Resolución General AFIP 2291 autorizaba al EAPSF a explotar la terminal de contenedores como Zona Primaria.
La Resolución General antes mencionada, contempla en el punto 18 de su Anexo III que el predio debe contar con un escáner que posibilite el control no intrusivo de la carga. Más adelante, el Anexo X describe las especificaciones técnicas que deben cumplir estos equipos.
El Ente Portuario Santafesino ha solicitado se lo excluya del cumplimiento de este punto, tomando en consideración su caracterización como persona de derecho público no estatal. Esta exclusión es viable, y puede ser resuelta favorablemente en virtud de lo normado por el artículo 7.c) de la RG, que faculta a la Dirección General de Aduanas a "resolver (...) las excepciones planteadas por los administrados".
Recientemente funcionarios del EAPSF y de la ciudad de Santa Fe mantuvieron una reunión con Jorge Jiménez Kockar, subdirector general de Operaciones Aduaneras del Interior con el objeto de avanzar con estas gestiones.
De acuerdo a este parte de prensa, el funcionario aduanero " se comprometió a dar por finalizada a la brevedad la baja de la autorización que poseía la firma Loginter sobre el predio, como paso previo a que se logre una nueva autorización.
Las autoridades locales se volverán a reunir con los equipos técnicos de aduana para establecer el plan de inversiones en sistemas de seguridad y videovigilancia que resulten necesarios para garantizar el debido control que debe existir en todo depósito fiscal, inversiones que el propio Ente portuario está en condiciones de asumir."
CONFLUENCIA DE INTERESES PÚBLICOS.
La habilitación de la plazoleta fiscal necesita resolver una supuesta colisión entre distintos intereses públicos.
Por un lado, el servicio aduanero establece pautas para reducir al máximo el riesgo aduanero, y optimizar la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y la evasión fiscal.
Por el otro, la reactivación de la terminal de contenedores tiene un destacado impacto social y económico que se inicia en la ciudad de Santa Fe y se irradia al centro norte del país. No se trata de evaluar solamente los puestos de trabajo que directa o indirectamente genera la actividad portuaria. También hablamos de los ahorros que provoca a los productores en concepto de fletes, la reducción de tráfico y siniestralidad en rutas, el menor impacto ambiental del tráfico fluvial y mayor seguridad de la carga, entre otros puntos.
Además, la autoridad aduanera debe ponderar algunas particularidades que presenta la operatoria en la estación fluvial:
- Las recaladas de barcazas es relativamente espaciada (cada 15 o 30 días), lo que permite coordinar con previsibilidad los operativos de control aduanero.
- Resulta factible adoptar recaudos de seguridad apropiados que suplanten la ausencia de un escáner, pero que igualmente garanticen la inviolabilidad del control aduanero: custodia aduanera, presencia de Prefectura Naval, instalación de circuito cerrado de televisión, etc.
- Las exportaciones que se embarcaron por el Puerto de Santa Fe en 2016 (en el último lustro, en verdad) fueron cargadas (consolidadas) en su totalidad dentro del ámbito portuario, bajo presencia del servicio aduanero.
- Las operaciones cursadas ante Aduana de Santa Fe, en un alto porcentaje son llevadas a cabo importadores y exportadores habituales, con establecimiento radicado en la jurisdicción aduanera; y la gestión del despacho está a cargo de despachantes de aduana que trabajan con habitualidad.
- Ningún embarque despachado desde de Santa Fe se ha visto jamás envuelto en una operación de narcotráfico u otra grave transgresión al control aduanero. Ni siquiera ha existido denuncia alguna.
- La operatoria realizada en el Puerto de Santa Fe durante el año 2016 brindó trabajo en forma directa a unas 30 personas, y en forma indirecta a unas 80.
Dijo allí la Aduana que "a fin de dar continuidad a las operaciones de comercio exterior en la región, resulta procedente autorizar las operaciones aduaneras que se desarrollen en el citado lugar operativo".
Las gestiones llevadas a cabo por la Autoridad Portuaria requieren el apoyo de toda la comunidad santafesina, del sector empresario y de las autoridades públicas de todo el arco político municipal y provincial. Y también nacional, considerando que el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Transportes apuestan fuertemente al desarrollo de las economías regionales, tal como lo demuestra la decisión de construir un nuevo puerto en Ita Ibaté, en la provincia de Corrientes.
Hablamos de protagonizar un impacto social palpable, de impulsar una mejora en la conectividad y competitividad paras las empresas del interior. No se trata de invocar una nostalgia arrabalera o retórica localista.
El puerto en marcha es un bloque más, que nos acerca al proyecto de país que anhelamos y tratamos de construir día a día entre todos.
Confiamos en que esta finalidad de bien común sea pronto acogida por aduana.
