por NMC
Hace unos días, un cliente nos consultó por la recepción de una notificación electrónica a través del Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera.
Se trata de una empresa exportadora, que durante los últimos meses registró algunas operaciones de importación.
Estamos ante casos sencillos, en los que existe absoluta identidad y coincidencia entre la mercadería documentada en las DJAIs (luego SIMI) y los despachos de importación correspondientes. Además, estos últimos se cursaron sin ninguna clase de objeción o cuestionamiento por parte del servicio aduanero (sobre su clasificación arancelaria, liquidación tributaria, valores declarados, etc.).
Para completar el cuadro, los valores registrados en las destinaciones aduaneras son los mismos que se giraron a los proveedores del exterior.
Por todo esto, no termina de quedar claro qué tan rigurosas son "las tareas de fiscalización" que la administración fiscal viene realizando.
Acaso se trate de una excusa para invitar a los importadores a adherir al blanqueo dispuesto por la Ley 27260 de una manera poco amable.
De cualquier manera, resulta preocupante la falta de criterio del Fisco al destinar recursos para la apertura de procesos de fiscalización contra todo el universo de importadores. Ello significará una grave torpeza que perjudica la actividad de los operadores serios, que se ven obligados a destinar tiempo y dinero dando explicaciones sobre lo lícito y evidente.
Hace poco el servicio aduanero enmendó una decisión disparatada que sólo provocó cuantiosas erogaciones a los administrados durante el último lustro (hablamos de ello aquí y aquí).
Cambiemos.
Hace unos días, un cliente nos consultó por la recepción de una notificación electrónica a través del Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera.
Estamos ante casos sencillos, en los que existe absoluta identidad y coincidencia entre la mercadería documentada en las DJAIs (luego SIMI) y los despachos de importación correspondientes. Además, estos últimos se cursaron sin ninguna clase de objeción o cuestionamiento por parte del servicio aduanero (sobre su clasificación arancelaria, liquidación tributaria, valores declarados, etc.).
Para completar el cuadro, los valores registrados en las destinaciones aduaneras son los mismos que se giraron a los proveedores del exterior.
Por todo esto, no termina de quedar claro qué tan rigurosas son "las tareas de fiscalización" que la administración fiscal viene realizando.
Acaso se trate de una excusa para invitar a los importadores a adherir al blanqueo dispuesto por la Ley 27260 de una manera poco amable.
De cualquier manera, resulta preocupante la falta de criterio del Fisco al destinar recursos para la apertura de procesos de fiscalización contra todo el universo de importadores. Ello significará una grave torpeza que perjudica la actividad de los operadores serios, que se ven obligados a destinar tiempo y dinero dando explicaciones sobre lo lícito y evidente.
Hace poco el servicio aduanero enmendó una decisión disparatada que sólo provocó cuantiosas erogaciones a los administrados durante el último lustro (hablamos de ello aquí y aquí).
Cambiemos.
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